El pasado 3 de mayo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se desarrolló el  II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Entre otros, el principal problema detectado fue que el status procesal que hoy rige sobre las corporaciones no puede ser homologado al de las personas físicas, y está hoy indeterminado. Esto redunda en que no haya avances contra empresas acusadas de haber infringido la ley en casos como coimas, tráfico de influencias, falsificación de balances y como contracara del posible enriquecimiento ilícito de funcionarios. La duda es si también puedan incluir blanqueo de capitales como posible delito por el que puedan ser punibles.

Especialistas de diversas áreas que se dieron cita para iniciar el debate también señalaron que existe superposición de normas, y desde el Poder Judicial se insistió en un reclamo para que se habiliten más juzgados en lo penal económico y se priorice la exclusividad en los expedientes complejos o “megacausas”. El presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Miguel Abel Souto, con aval del Ministerio de Justicia que envió representantes, la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría Antilavado que conduce Gabriel Pérez Barberá fueron algunos de los panelistas de la jornada en donde se realizó un análisis pormenorizado de la situación actual en la Argentina del régimen penal para empresas. También participaron desde la UIF, el sector empresarial de la construcción con Carlos Weiss, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Fuente: ámbito.com